A pocos días de que los tunjanos acudan a las urnas el próximo 26 de julio para elegir al nuevo mandatario municipal, una grave controversia rodea la organización y contratación del Aguinaldo Boyacense 2026.

​La decisión de la actual administración encargada de avanzar con la contratación de la máxima festividad de la capital boyacense a marchas forzadas ha encendido las alarmas en el panorama político local. Diversos sectores y candidatos a la Alcaldía han expresado su profundo inconformismo ante lo que consideran una jugada inoportuna, un abuso de confianza y un intento directo por dejar “maniatado” presupuestal y logísticamente al próximo alcalde.

​Un timonazo inoportuno y lleno de vacíos legales

​El Aguinaldo Boyacense no es solo una celebración patrimonial; es el hito económico, cultural y turístico más importante del año para Tunja. Comprometer los recursos, las fechas, las parrillas de artistas y las especificaciones logísticas mediante contratos exprés firmados por una gestión atípica y de salida resulta, cuando menos, inoportuno.

​Expertos y analistas señalan que este proceder deja al descubierto serios vacíos legales e institucionales:

​Violación de la autonomía gubernamental: Se está limitando el margen de ejecución del mandatario que resulte electo legalmente en las urnas este domingo.

​Falta de legitimidad para comprometer vigencias: Una administración de carácter temporal o encargada no debería atar las manos del gobierno entrante en decisiones estratégicas de gran impacto fiscal.

​Poco margen para la transparencia: Las contrataciones de última hora reducen la veeduría ciudadana y la pluralidad de oferentes, elementos indispensables en la gestión pública.

​“Ni siquiera el alcalde electo saliente se atrevió a tanto”, es la frase recurrente entre los líderes de opinión y aspirantes al Palacio de la Torre, quienes coinciden en que no existe antecedente cercano donde se haya irrespetado de tal manera la transición de mando.

​Inconformismo de candidatos: abuso de confianza y vulneración de derechos

​El descontento entre los candidatos que compiten en este contienda electoral es generalizado. Para las diferentes campañas, la maniobra de la alcaldesa encargada no solo vulnera el principio de buena fe en la función pública, sino que constituye un claro abuso de confianza hacia la ciudadanía de Tunja.

​Permitir que las decisiones fundamentales sobre el Aguinaldo Boyacense las tome quien resulte elegido el 26 de julio no es un capricho; es una garantía democrática. El mandatario que reciba el respaldo popular en las urnas debe contar con el derecho y la libertad de plasmar su visión de ciudad, concertar la agenda cultural con el gremio local y administrar con responsabilidad el presupuesto municipal.

​Al dejar amarrada la contratación, no solo se le quita capacidad de maniobra al nuevo mandatario, sino que se impone a la ciudad una fiesta organizada a la carrera y sin el sello de legitimidad que otorgan las urnas.

​La ciudadanía exige garantías

​El Aguinaldo Boyacense le pertenece a los tunjanos, no a la burocracia de turno. Hoy, la comunidad y los aspirantes a la Alcaldía exigen un freno a la contratación acelerada y piden que se respete la voluntad popular que se expresará este domingo. La fiesta más grande de Boyacá no puede ser el trofeo de salida de una administración de paso, sino el reflejo de la nueva etapa que Tunja está por iniciar.