Hace un año en Togüí, una niña de 14 años resultó embarazada por el abuso de su padrastro. La madre denunció ante la Fiscalía y aún no ha pasado nada, el bebé ya tiene 9 meses y madre e hija están amenazadas.

Denuncia

La pequeña, según narró el abogado Joao Alejandro Saavedra García, sufrió de abusos sexuales por parte del sujeto desde los 11 años, pero nunca habló porque su verdugo la obligaba a callar diciéndole que mataría a su familia si contaba a lo que la estaba sometiendo.

La situación se conoció hace un año cuando la menor se empezó a sentir enferma y la llevaron a una cita de ginecología donde ella entró en llanto y contó lo que le estaba pasando desde hace varios años. 

“En confianza con la especialista que la atendió, le narró que desde los 11 años el esposo de su señora madre la violaba. En los exámenes encontraron que estaba embarazada y al cumplir 4 meses de gestación iniciaron el proceso judicial contra el señalado por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años”, señaló el abogado de la víctima en diálogo en Energía Positiva.

Desde ese momento, la madre de la pequeña presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Moniquirá. “La lucha de ella ha sido constante para que todo salga adelante y este proceso penal lleve a una condena efectiva. Pero lo que se han encontrado, lamentablemente, es un proceso lento que no se conduele con el dolor y maltrato que ha sufrido la menor”.

Abierto el proceso, la madre y la víctima empezaron a ser amenazadas por los hijos del presunto responsable quienes, “les dicen que si su padre va a la cárcel, ellas van a pagar las consecuencias de los hechos, mientras la Fiscalía no actúa”, agregó el defensor.

Hasta hace unos días, cuando el bebé ya tiene 9 meses, se ordenó e hizo efectiva la prueba de ADN, pero “no ha habido restablecimiento de los derechos de la menor y en cambio ella ha sido sometida a entrevistas y exámenes recurrentes”.

Una justicia efectiva, sin revictimización y con priorización de este tipo de casos, hacen parte de las peticiones de la familia y del abogado Joao Alejandro Saavedra García. “La Fiscalía prioriza los casos más fáciles y estos los deja de últimas. Si los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, las autoridades deberían de entenderlo de esa manera blindando a las víctimas con acompañamiento psicológico, grupos de investigación fuertes y recursos reales para esclarecimiento y castigo efectivo”.