Silencio del Estado frente a falsos positivos y etnocidios

Por Ángela Merchán

El domingo 31 de mayo de 2020, en la jurisdicción de la vereda Río Colorado, municipio de Chitagá, Norte de Santander, fue asesinado el líder indígena Joel Aguablanca Villamizar, dirigente y coordinador de educación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildo U’was, ASOU’WA.

Juan Tegría Asesor Jurídico, de la comunidad desmiente la versión del Ejercito Nacional , en la cual lo señala de ser cabecilla del frente. Como es de conocimiento público, los hechos ocurrieron en el marco de un operativo del Ejército Nacional de Colombia (Trigésima Brigada de la Segunda División), en el que se buscaba la captura de Darío Quiñonez, alias Marcial, tercer cabecilla del Frente Efraín Pabón Pabón y comandante de la comisión Martha Cecilia Pabón del Ejército de Liberación Nacional -ELN.

En el desarrollo de este operativo, el Ejército Nacional de Colombia y el ELN no respetaron los principios básicos del derecho internacional humanitario, atentando contra la vida e integridad de la población civil, incluidos cinco (5) menores de edad.

“Exigimos a las autoridades competentes la realización de una investigación diligente y oportuna, que conduzca a la verdad de los hechos y la sanción de los responsables, así como que adopten las medidas necesarias para evitar que se sigan produciendo hechos similares. Así mismo, elevamos el conocimiento de la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. puntualizó

Luis Arbey Gañan, quien estructura la política de paz de las Comunidades Indígenas de Caldas, orienta y apoya los comités de derechos humanos, los programas de atención a las víctimas del conflicto, presos políticos y desplazados, coordina la emisión de alertas tempranas y denuncias públicas de los hechos que alteren el orden y atenten contra los derechos humanos, denuncia la ausencia del Estado "cada 72 horas maten a una persona indígena en Colombia solo se puede llamar genocidio". Comunidad embera chamí busca la verdad y exige acabar con la impunidad 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice) y el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) presentaron el informe ‘El genocidio silencioso del pueblo embera chamí de Caldas’ que documenta masacres en contra de esta comunidad en Riosucio.

Edwar Nova quien hace parte de la Defensoría del Pueblo en Boyacá cita las cifras: Según la Fiscalía, los "falsos positivos" dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, aunque organizaciones civiles denuncian que los muertos por esa política pueden llegar a 5.000.

En cuanto a procesados, van 5.626, de los cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles, entre otros.

Actualmente hay 1.236 uniformados que tienen el beneficio de la libertad transitoria por ya haber sido condenados por la justicia ordinaria por estos crímenes y casi 5.000 expedientes están abiertos sobre ejecuciones extrajudiciales en los que se menciona a 18 altos oficiales del Ejército.