Los esfuerzos por contener las actividades delictivas en Boyacá se han extendido a diferentes frentes, desde intervenciones contra redes dedicadas al tráfico de drogas hasta nuevos mecanismos de vigilancia en zonas estratégicas. En las últimas dos semanas, las investigaciones y operaciones respaldadas por la Bolsa de Recompensas Departamental permitieron obtener información que contribuyó a la captura de 19 personas y a la desarticulación de cinco estructuras criminales. Para apoyar estos procedimientos se destinaron $57 millones 800 mil en incentivos.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal, María Alejandra Pico Gama, indicó que los resultados se reflejaron especialmente en Sogamoso, Duitama, Tunja y Paipa, donde fueron intervenidas organizaciones relacionadas con la comercialización de sustancias ilícitas. A estos procedimientos se sumaron actuaciones contra grupos señalados de participar en el hurto de automotores y motocicletas.

En la capital boyacense, el dispositivo de seguridad también contempla medidas alrededor de la Primera Brigada. Las autoridades han establecido controles de movilidad durante determinados horarios en la vía de acceso a esta unidad, además de fortalecer la supervisión mediante cámaras de vigilancia. A esto se agregan patrullajes motorizados en un perímetro aproximado de un kilómetro alrededor de los batallones, con el propósito de mantener presencia permanente en estos sectores.

El panorama de seguridad también fue revisado en la provincia de Valderrama, donde representantes del Gobierno departamental sostuvieron un encuentro con los mandatarios de Socha, Betéitiva, Paz de Río, Tasco, Socotá y Jericó, junto con integrantes de Cooproval. Allí se pusieron sobre la mesa las dificultades que enfrenta cada población y se planteó la necesidad de coordinar respuestas entre las administraciones municipales y los organismos de seguridad.

Como parte de los compromisos establecidos, se busca fortalecer los despliegues de Policía y Ejército y mejorar el trabajo conjunto con entidades como la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad Nacional de Protección. La apuesta institucional es atender las particularidades de cada territorio y ampliar las capacidades de prevención y respuesta frente a los hechos que afectan la tranquilidad de los habitantes.