​El ente acusador señala que se habrían direccionado contratos estatales para lograr el retiro de una demanda que buscaba anular la elección del exmandatario.

​TUNJA. – La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y tres personas más, por su presunta responsabilidad en irregularidades contractuales que habrían tenido como fin proteger la permanencia del mandatario en su cargo.

​Junto a Krasnov, fueron llamados a juicio la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez.

​El "pago" por retirar una demanda

​Según la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Boyacá, los acusados se habrían coordinado para vincular a la administración municipal al abogado Juan Sebastián Ramírez García (quien ya se encuentra judicializado).

​El objetivo de esta contratación, según el material probatorio, no era el servicio profesional en sí, sino una contraprestación: que Ramírez García retirara una demanda de nulidad electoral que él mismo había interpuesto contra la elección de Krasnov tras los comicios de noviembre de 2023.

​Maniobras y presiones

​El expediente revela que se habrían gestionado dos contratos para materializar el acuerdo:

​Un primer contrato en febrero de 2024 por $19.800.000, el cual no llegó a ejecutarse.

​Un segundo contrato a través de la empresa pública Ecovivienda, por un valor de $54.285.000, bajo el objeto de brindar apoyo jurídico.

​La Fiscalía sostiene que los trámites contractuales coinciden cronológicamente con el retiro de la acción legal contra el exalcalde. Además, se presentaron pruebas de que Krasnov habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para obligarlo a firmar el contrato y emitir documentos que ocultaran la responsabilidad del mandatario.

​Cargos imputados

​Ante la gravedad de los hallazgos, la Fiscalía acusó a los implicados por los delitos de:

​Interés indebido en la celebración de contratos.

​Amenazas a testigos.

​Actualmente, el proceso avanza hacia la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad penal de los señalados. Cabe recordar que, de acuerdo con la ley colombiana, todos los implicados mantienen su presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia en firme.

​La investigación sugiere que el uso de recursos públicos de Ecovivienda fue la herramienta principal para "blindar" jurídicamente la elección del entonces alcalde mediante acuerdos irregulares con el demandante.

Información de la Fiscalía General de la Nación Abril 14 de 2026