Defensoría del Pueblo crea Unidad Especializada en Boyacá para defender a las víctimas de violencias de género
De acuerdo con el informe entregado por la entidad, las cifras en el territorio evidencian una realidad crítica. “Entre enero y septiembre del 2026, la entidad atendió 983 casos por ese tipo de violencias en el departamento”.
De este total de atenciones, 180 casos fueron identificados directamente a través de las duplas de género. El balance institucional detalla la gravedad de la situación en Boyacá: “Durante este periodo, la entidad identificó 22 tentativas de feminicidio y 11 feminicidios consumados”. Asimismo, se brindó atención en 36 casos de violencia vicaria, 16 agresiones contra la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) y 7 situaciones de trata de personas.
A este panorama se suma la gestión adelantada desde la Dirección Nacional de Defensoría Pública, la cual “asumió la representación judicial de 590 casos de violencias basadas en género y 213 delitos sexuales contra menores”.
Atención descentralizada y representación especializada
Para garantizar una respuesta oportuna e integral, la estrategia se articulará con la Gobernación de Boyacá y la Fiscalía General de la Nación. Para ello, la Defensoría dispondrá de “30 defensoras y defensores públicos con perspectiva de género, quienes prestarán acompañamiento y atención jurídica a las mujeres que lo requieran”.
La atención presencial estará habilitada en los municipios con mayor incidencia de violencias:
📍 Tunja: Centro de Atención a la Familia (CAF).
📍 Sogamoso: Casa de Cuidado.
📍 Duitama: Casa de la Mujer.
📍 Chiquinquirá: Oficina de Grupos Poblacionales de la Alcaldía.
Con esta puesta en marcha, Boyacá se integra a la red de unidades especializadas que ya operan en ciudades como Bogotá y Barranquilla, reafirmando el compromiso estatal de velar por la dignidad y la vida de las mujeres y poblaciones vulnerables.
Reflexión: La urgencia inaplazable de cuidar la vida
Detrás de cada cifra, de cada expediente y de cada denuncia, hay un nombre, una familia y una vida rota por el dolor de la violencia. Las estadísticas no son simples números en un informe: representan el clamor desesperado de mujeres, niñas y familias que no pueden seguir esperando a que la justicia llegue tarde.
Proteger a nuestras mujeres no es solo un deber legal o un trámite administrativo; es un compromiso ético, humano y colectivo que nos convoca a todos como sociedad. No podemos permitir que el miedo se vuelva cotidiano ni que la impunidad apague los sueños de quienes sostienen el hogar, la cultura y la vida en nuestras tierras boyacenses. Hoy más que nunca, abrazar, escuchar y defender a nuestras mujeres es una urgencia que no admite esperas: porque ni una más debe sentirse sola, y ni una más debe faltarnos.
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