Pese a que la Agencia de Hidrocarburos desmintió francking en Boyacá, ambientalistas y campesinos de la región han manifestado que el proceso de sísmica es igualmente nocivo para los suelos y el medio ambiente de esta zona del país.

Y es que en las provincias de Ricaurte y occidente las exploraciones ya iniciaron en un trabajo de identificación de áreas de subsuelo.

"Estos trabajos investigativos los realiza la ANH en el marco del proyecto denominado Adquisición y procesamiento de información sísmica de la Cordillera 2D, que contribuye a soportar estudios como el de planeación del territorio, de amenazas geológicas, sismicidad, determinación de fallas geológicas y sus riesgos asociados y prospección para hidrocarburos.

Para tranquilidad de las comunidades, la ANH reitera que este proyecto no tiene como fin desarrollar actividades de explotación petrolera y mucho menos operaciones de “fracking” siendo su fin principal fin el de obtener información del subsuelo", menciona la agencia.

A pesar de que en tal sentido, la ANH dijo que tenía previsto una serie de reuniones con autoridades locales y departamentales, así como con líderes comunales con el propósito de evaluar los impactos ocasionados por el proyecto en curso, lo que señala la comunidad es que ya no se han hecho anuncios y que por ello hay alcaldes que ya se han unido a la causa de protesta contra los planes expuestos.

Uno de los grupos que sigue en pie de lucha contra esta actividad es el de mujeres defensoras del territorio que ha señalado que, "habitantes de Caldas y Chiquinquirá manifiestan su preocupación y rechazo ante el desarrollo de operaciones y traslado de maquinaria de la empresa Geofiska Torún, empresa encargada de los estudios de exploración de la zona...no se comprende por qué los entes gubernamentales desconocen estas voluntades - las de rechazo- e insisten en adelantar la ejecución de proyectos sin consultar previamente con las comunidades que se van a ver afectadas. Por ello se solicita a las administraciones municipales que atiendas las inquietudes de las comunidades".

Así las cosas en los últimos días se han hecho reuniones con las comunidades que se podrían ver afectadas con el fin de buscar soluciones, entre ellas el retiro de cableado de la zona de exploración.

"Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y entes de control para estar alertas y prevenir posibles vulneraciones a las que se vea expuesta la comunidad", declaran las defensoras del territorio en un comunicado público en el que agregan que los municipios afectados son Cucaiya, Samacá, Sáchica, Ráquira, Maripí, Buenavista, Saboyá, San Miguel de Sema, Sutamarchán, Tinjacá y Pauna, Boyacá, así como Simijaca, Cundinamarca.