La contratación de la edición 71 del Aguinaldo Boyacense enfrenta cuestionamientos tras el inicio de una actuación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. El caso se suma a los asuntos contractuales de administraciones anteriores que debe revisar el gobierno del alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, y cuyas decisiones podrían tener repercusiones jurídicas y económicas para el municipio.

En el boletín 967, divulgado el pasado 11 de octubre, el Ministerio Público confirmó la apertura de una indagación previa contra servidores públicos de la Alcaldía de Tunja por identificar. La actuación busca establecer si se presentaron irregularidades durante el proceso contractual destinado a la organización y realización de la tradicional festividad.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, las presuntas anomalías estarían relacionadas con la preparación de los estudios previos y la selección del contratista encargado de ejecutar las actividades culturales. La revisión también contempla posibles deficiencias en la definición de las condiciones del proceso, especialmente en lo relacionado con los costos y la calidad del servicio.

Para la Procuraduría, estos hechos podrían comprometer los principios de transparencia y planeación que rigen la contratación pública. No obstante, será necesario recopilar y analizar las pruebas para determinar si existió alguna conducta disciplinariamente reprochable.

Por esta razón, el organismo de control solicitó la práctica de pruebas conducentes y pertinentes que permitan esclarecer lo sucedido y establecer si hay fundamentos para avanzar en la investigación.

Entretanto, el alcalde Rafael Acevedo Pedroza indicó que su administración adelanta las actuaciones correspondientes frente a compromisos contractuales heredados de gobiernos anteriores. Aunque cada caso tiene un procedimiento independiente, las determinaciones que se tomen podrían tener efectos sobre las obligaciones legales y los recursos públicos de la capital boyacense