​Aunque el presupuesto ya está radicado, su ejecución depende de la mesa técnica que se instalará el 6 de febrero. El reto de la Gobernación será destrabar los procesos administrativos para que el subsidio llegue finalmente al bolsillo de los estudiantes.

​Tunja, 28 de enero de 2026 – El anuncio de la existencia de un fondo de 2.500 millones de pesos para la tarifa diferencial de transporte en Boyacá ha generado una mezcla de esperanza y escepticismo entre la comunidad estudiantil. Si bien el recurso está asegurado en el papel, la realidad es que su uso efectivo aún no ha sido autorizado, supeditado a la creación de una hoja de ruta que apenas comenzará a discutirse en febrero.

​El próximo 6 de febrero será el día en que se ponga a prueba la voluntad política de los actores involucrados. La instalación de la mesa técnica departamental no es solo un acto protocolario; es el escenario donde se deberá definir cómo se gastará cada peso del fondo y, lo más importante, cómo se habilitará legalmente su ejecución.

​Para que este dinero deje de ser una cifra en una cuenta y se convierta en un descuento real, la administración del gobernador Carlos Amaya deberá coordinar con:

​Alcaldes de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá: Quienes deben ajustar sus propias normativas de movilidad urbana.

​Empresarios del transporte: Para acordar cómo se compensará la diferencia tarifaria sin afectar la operación.

​Gobierno Nacional: Cuyo aval es clave para proyectos de mayor envergadura como el propuesto Ferrobús.

​Mientras se resuelve la autorización del fondo, la Gobernación ha puesto sobre la mesa proyectos de largo aliento como la implementación de buses eléctricos y el uso del Ferrobús para el corredor industrial. No obstante, para los miles de estudiantes de la UPTC y otras instituciones que hoy pagan tarifas plenas, la prioridad es que se autorice el uso de los recursos existentes para aliviar el costo diario del pasaje.

​Otro punto crítico será la renegociación de las rutas intermunicipales para que puedan operar dentro de los perímetros urbanos, facilitando el acceso directo a las sedes universitarias, una medida que requiere una "cirugía" jurídica a los permisos de transporte actuales.

​Los $2.500 millones representan el punto de partida, pero sin la reglamentación que saldrá de la mesa técnica del 6 de febrero, el fondo seguirá siendo, por ahora, una promesa en espera de ejecución.